MIRANDO POR EL RETROVISOR
El desplome del techo en la discoteca Jet Set, el pasado 8 de abril, dejó una lección que al parecer seguirá siendo ignorada por las autoridades gubernamentales, especialmente de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) y del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED).
Solo eso explica que, a tan solo 66 días de la tragedia que conmocionó el país, hasta ahora con un balance de 236 fallecidos y cerca de 180 lesionados, parte de una estructura en proceso de construcción se desplomara el pasado viernes en la avenida Estrella Sadhalá, el sector Buena Vista de la ciudad de Santiago.
En la edificación en construcción de tres niveles está previsto que funcione una plaza comercial. ¿Se imaginan ustedes que la estructura hubiera colapsado luego de terminada y puesta en servicio?
Con la cantidad de personas que suelen acudir a esas plazas comerciales –tipo malls-, no quisiera uno imaginarse el escenario dantesco que pudo registrarse allí, quizás mucho peor que el ocurrido en el emblemático centro de diversión de la capital.
Por suerte no hubo víctimas entre los obreros haitianos que estaban en el lugar laborando, ya que, según un vigilante de la estructura, lograron salir antes de que esa parte se derrumbara.
Y un detalle preocupante ha salido a relucir. Se trata del segundo percance de ese tipo en la edificación, según reveló una vecina de los alrededores. Otra queja expuesta es que la estructura representa un peligro para vecinos del entorno.
Esa realidad se da con mucha frecuencia en el país. Un ejemplo está en la instalación de estaciones de expendio de gas propano en el corazón de sectores residenciales, sin importar el riesgo que implica autorizar esas construcciones.
El MIVHED anunció el pasado 15 de mayo mediante un comunicado oficial, a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas, un aumento significativo en las tarifas por los servicios técnicos que ofrece al sector construcción, incluyendo licencias e inspecciones.
La medida fue adoptada al amparo de la Ley 160-21 que crea ese ministerio, para establecer una nueva estructura de costos y de esa manera sustituir tarifas fijas por cálculos basados en el valor o tamaño de los proyectos.
Ahora las licencias de construcción ya no tendrán un precio fijo, sino que se calcularán por el valor de tasación del proyecto. El MIVHED defendió el cambio, bajo el argumento de que permitirá mejorar su capacidad operativa.
El presidente Luis Abinader también defendió el alza, el pasado 2 de junio, en una LA Semanal con la prensa desde el Palacio Nacional, donde declaró que el aumento significativo en los costos de los servicios técnicos, licencias e inspecciones para viviendas o edificaciones en el país “no afectará” al sector construcción. El mandatario justificó la decisión bajo el argumento de que ese incremento de las tarifas permitirá a las autoridades del sector “supervisar mejor todas las estructuras” en el país.
Sin embargo, gremios del sector construcción han advertido que la nueva disposición sí aumentará los costos de las obras. Los constructores de viviendas se han opuesto a esas alzas, porque entienden que se trata de una medida fiscalista que encarecerá sus proyectos, sin cambios positivos en la supervisión, como acaba de verse con la estructura colapsada en Santiago.
El MIVHED exige, entre otros requisitos, poseer licencia de construcción, permiso de inicio de obra o autorización para trabajos previos. Formulario de solicitud correctamente llenado y de inspecciones previas, si corresponde.
La inspección, además de la parte previa, incluye visitas periódicas para verificar en las edificaciones elementos verticales (todos los muros, columnas, etc.) y horizontales (todas las vigas, losas, etc.).
Y surge la pregunta ¿Se han hecho esas visitas para verificar elementos verticales y horizontales en la edificación que colapsó en Santiago?
Si la respuesta es positiva, se requiere entonces evaluar la rigurosidad de esas inspecciones, a pesar de que ahora se cobra más dinero por realizarlas.
Con respecto a la Onesvie, si usted, amable lector, ingresa al portal web de la institución podrá comprobar que en el primer trimestre del presente año, apenas ha supervisado siete edificaciones privadas, 17 públicas y 44 infraestructuras.
Una cantidad insignificante ante el acelerado ritmo de construcción de obras privadas y públicas que se observa en el país, especialmente de torres de apartamentos y diversas plazas comerciales, donde en el futuro se aglomeraran miles de personas.
En la isla Española, hay entre 12 o 14 fallas sísmicamente activas, y dos de ellas con potencial para producir terremotos de magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter y tsunamis.
Desde 1562 hasta 2010, la isla ha sido estremecida por ocho grandes terremotos, siendo el de mayor intensidad el de 8.1, el 4 de agosto de 1946, en Nagua, donde también provocó un tsunami que inundó a la comunidad Matancitas.
Por esa razón, hace tiempo que expertos en sismología han advertido sobre la necesidad de evaluar la vulnerabilidad sísmica de diversas edificaciones públicas y privadas, con más de 30 años de uso.
Lamentablemente, en el país tampoco existe un régimen de consecuencias para someter a la justicia a los constructores de estructuras colapsadas o averiadas por cualquier evento menor, especialmente en edificaciones que albergan mucha gente.
Se requiere instaurar en el país una cultura de prevención en materia de construcción, sin más demoras. Y otra de respuestas. Hay que estar preparados para atender emergencias de mayor magnitud a la ocurrida aquel fatídico 8 de abril en la discoteca Jet Set.
Cuando le pregunté a un experto en sismología en 2017 si el país está preparado –estructural y logísticamente- para enfrentar un terremoto de gran magnitud, me respondió: “Hay que rogar a Dios no estar dentro de determinados edificios cuándo eso ocurra”.
Ocho años después esa advertencia sigue latente. Y por lo visto el miedo actualmente no es únicamente a si ocurre un potente sismo.
La falta de una supervisión rigurosa y efectiva en las construcciones está creando las condiciones para que la población se sienta atemorizada, tan solo por estar bajo techo, sin importar si la tierra se mueva o no.
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