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Planificación territorial y reforma policial: dos caras de una misma necesidad de Estado



La República Dominicana promulgó en 2022 la Ley núm. 345-22, Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación, un instrumento que dividió el territorio nacional en diez regiones para articular de manera coherente las políticas públicas, los planes de inversión y la gestión descentralizada del desarrollo. Se trata de una norma técnica, casi silenciosa en el debate público, pero que encierra una lección que hoy resulta imprescindible para otro proceso que sí ocupa titulares: la reforma policial.

El proyecto de ley de reforma de la Policía Nacional, actualmente en discusión, busca transformar una institución centenaria enfrentada a desafíos de profesionalización, control interno, carrera policial y relación con la comunidad. Es una reforma necesaria y largamente esperada. Pero su éxito no dependerá únicamente de la voluntad política de aprobarla, sino de algo que la Ley 345-22 ilustra con claridad: sin planificación territorial coherente, ninguna reforma institucional aterriza de manera uniforme en el país real.


La seguridad ciudadana no se despliega en abstracto; se despliega en un territorio con provincias, municipios y distritos municipales que tienen densidades poblacionales, dinámicas económicas y realidades delictivas distintas. Una Región Ozama —que concentra el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo— enfrenta retos de criminalidad urbana radicalmente diferentes a los de la Región Enriquillo, con su geografía fronteriza y sus particularidades de tráfico ilícito, o a los de la Región Cibao Norte, con su peso industrial y turístico. Si la reforma policial no se diseña en diálogo con la lógica regional que ya estableció el Estado dominicano para la inversión pública, corre el riesgo de convertirse en un traje único que no le queda bien a ningún cuerpo.


Aquí es donde ambas leyes deberían conversar. La Ley 345-22 ordena al Ministerio de economia,  Planificación y Desarrollo coordinar con los organismos que actúan de forma desconcentrada en el territorio para que adopten el esquema regional en sus políticas, planes y proyectos. La Policía Nacional, con su despliegue territorial en todo el país, es exactamente ese tipo de organismo. Una reforma policial que no incorpore la regionalización de planificación como marco de referencia para el despliegue de recursos, la formación especializada y la evaluación de resultados, estaría desaprovechando una herramienta que el propio Estado ya construyó.


La planificación no es un lujo burocrático: es la diferencia entre una reforma que se queda en el papel y una que transforma la relación entre el ciudadano y su policía. Permite anticipar dónde se necesitan más agentes, qué perfil de formación exige cada región, cómo distribuir la inversión en tecnología y equipamiento, y cómo medir el impacto real de la reforma en cada provincia, no solo en el promedio nacional.


Pero hay un elemento que ninguna ley de planificación territorial puede sustituir: la memoria institucional. Y es aquí donde quiero cerrar con una propuesta concreta. La Policía Nacional dominicana ha tenido, a lo largo de su historia, directores generales que enfrentaron crisis, implementaron reformas parciales y acumularon un conocimiento invaluable sobre lo que funciona y lo que no funciona dentro de la institución. Ese conocimiento, hoy, se pierde con cada cambio de mando.


Por eso propongo la creación de un Consejo Asesor de Ex Directores Generales de la Policía Nacional, una instancia consultiva —sin poder de mando operativo, pero con voz institucional reconocida— que acompañe a cada director general en funciones. Un consejo así aportaría continuidad estratégica por encima de los ciclos políticos, serviría de contrapeso técnico frente a decisiones apresuradas, y garantizaría que la reforma policial no comience de cero cada vez que cambia la administración. Así como la Ley 345-22 institucionalizó la planificación territorial para que sobreviva a los gobiernos de turno, la reforma policial necesita institucionalizar su propia memoria: la de quienes ya caminaron ese camino y saben, mejor que nadie, dónde están las piedras.

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