Santo Domingo-RD,.-La reforma del Código Penal dominicano se encuentra en una de sus etapas más decisivas en el Congreso Nacional. Lejos de las discusiones habituales, una coalición de organizaciones civiles, pastorales y expertos jurídicos —integrada por Juventud Con Una Misión (JUCUM), Acción Cristiana, Orozco y Asociados y la firma Juárez Castillo— ha puesto sobre la mesa un análisis técnico que busca "curar en salud" la nueva legislación antes de su aprobación definitiva.
Los proponentes advierten que un código moderno no solo debe castigar el delito, sino garantizar que la ley no se convierta en una herramienta de doble filo o de interpretación discrecional contra los propios ciudadanos.
La propuesta presentada por este bloque de organizaciones se estructura en torno a la precisión lingüística y la coherencia constitucional. A continuación, se detallan los puntos neurálgicos que exigen revisar:
1. El debate de la "autodeterminación sexual" y la discriminación (Art. 173 y 192)
La coalición solicita formalmente la eliminación del término "autodeterminación sexual" del artículo 192, párrafo I (incorporado por el Poder Ejecutivo), catalogándolo como un concepto ideológico y jurídicamente impreciso.
Sostienen que la redacción que sanciona los actos que "afecten gravemente la intimidad y la dignidad" es más que suficiente para salvaguardar los bienes jurídicos tutelados.
Asimismo, encienden las alarmas sobre el artículo 173, el cual penaliza la discriminación con hasta tres años de cárcel y multas. El grupo advierte que, tal como está redactado, el artículo podría atentar contra las libertades individuales y el derecho de propiedad.
El riesgo del Art. 173: Si el propietario de un inmueble decide no rentar su propiedad a un perfil específico (por ejemplo, una pareja muy joven, alguien que vive solo o un extranjero), podría enfrentar penas de prisión si el interesado alega que la negativa se debió a "quién es", abriendo la puerta a interpretaciones subjetivas y arbitrarias.
2. Infancia sin vacíos: Abandono, prescripción y exhibicionismo
Para el bloque de organizaciones, la protección de los menores de edad no admite zonas grises. En ese sentido, exigen:
Definición clara de "abandono infantil": El proyecto actual penaliza esta conducta pero no define con precisión los elementos que la configuran, lo que vulnera el principio de legalidad.
No reducir la prescripción: Mantener el régimen especial de prescripción para delitos de agresión sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, evitando que el tiempo juegue a favor de los agresores.
Cero excepciones al exhibicionismo: Rechazan de manera tajante que se incluyan excepciones "artísticas o culturales" en el delito de exhibicionismo sexual, ya que esto crearía lagunas legales difíciles de perseguir cuando hay menores afectados.
3. Blindaje a la prensa y acoso agravado
En defensa de la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, proponen reformar el artículo sobre difamación, limitando la sanción penal únicamente a la imputación pública de hechos falsos realizada con pleno conocimiento de su falsedad o con un manifiesto desprecio por la verdad.
En contraparte, en materia de acoso agravado, instan a los legisladores a conservar la redacción aprobada por el Congreso, por considerar que protege de forma idónea a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad y abuso de poder.
4. Firmeza contra el narcotráfico
En este punto el colectivo propone robustecer de manera integral las disposiciones asociadas al narcotráfico, entendiendo que el nuevo código debe ser una herramienta blindada y quirúrgica para que el Estado pueda enfrentar con eficacia al crimen organizado y la delincuencia transnacional.
Un llamado a la madurez legislativa
Las organizaciones firmantes enfatizan que el éxito de esta reforma histórica no radica en la prisa de su aprobación, sino en la calidad técnica y constitucional de su redacción.
Con la fase final de debates en el Congreso a la puerta, el bloque exhorta a los legisladores a entregarle al país un Código Penal robusto, adaptado a la realidad social dominicana, que garantice una persecución penal efectiva sin sacrificar las garantías fundamentales ni las libertades individuales de la ciudadanía.
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