Santo Domingo, R.D. – Casi 10,000 ciudadanos dominicanos han firmado una carta pública dirigida a los legisladores del Congreso Nacional y al Presidente de la República, solicitando la aprobación definitiva del Código Penal Constitucional, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.
La petición, publicada en dos plataformas digitales, alcanzó esta cifra en apenas cuatro días, en una demostración contundente de que el pueblo dominicano respalda un Código Penal moderno, justo, libre de ideologías y plenamente alineado con los valores y principios de la Constitución.
“Este Código Penal protege los pilares esenciales de nuestra nación: la vida de la madre y del niño por nacer, la autoridad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, la libertad religiosa y de expresión, la objeción de conciencia y la soberanía nacional frente a presiones externas”, expresa la carta pública.
El texto también resalta que este Código fortalece la protección de la mujer, de los niños, de los adultos mayores y de las personas en situación de vulnerabilidad, incorporando más de 70 nuevos tipos penales, incluyendo el sicariato, la corrupción privada, la trata de personas, el tráfico de órganos, el acoso digital y la incitación al suicidio.
Aprobado el pasado miércoles 30 de julio en la Cámara de Diputados por una mayoría abrumadora, el proyecto devuelto al Senado fue descrito por diversos diputados en el pleno, como el resultado de un proceso legislativo serio, técnico y profundamente consensuado, que recoge el trabajo acumulado de múltiples legisladores y comisiones durante años de estudio.
“Hoy el Senado tiene en sus manos una oportunidad histórica de responder al clamor de la ciudadanía: aprobar un Código Penal que respete la Constitución dominicana, que defienda la vida, la familia, la libertad y la patria”, concluye la carta.
Con casi 10,000 firmas reunidas hasta la fecha, la solicitud representa uno de los respaldos ciudadanos más claros y orgánicos que ha recibido una pieza legislativa en años recientes, reafirmando que la sociedad dominicana desea un sistema de justicia penal firme, moderno y coherente con su identidad constitucional.
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