SANTO DOMINGO 14/03/2021.-, El más reciente plantón lo armaron, desde la noche del jueves 11 de marzo y frente al Palacio Nacional, grupos que demandan aprobar las tres causales dentro de la ley penal y no en una legislación especial.
Al preguntar a siete mujeres si mantendrían un embarazo fruto
de una violación sexual, cinco se inclinaron hacia una posible conservación,
aunque condicionada al estado de ánimo y dos adelantan un “no” rotundo, convencidas
de que abortarían sin pensarlo.
“Depende del estado emocional en que quede”, dice una. Otra
expresa que lo pensaría amparada en una voluntad divina. Otra alumbraría el
bebé para darlo en adopción, aunque si quedara poco traumatizada, tal vez se lo
quedaría. “Considero que ese niño no tiene la culpa de lo que pasó, y como todo
ser humano, tiene derecho a vivir”, comenta otra. “Yo no abortaría”, dice la
quinta, pero la otra sentencia: “Yo aborto seguro”.
Sin embargo, todas coinciden en que la decisión debe ser
tomada por la mujer y que nadie debería obligarlas a parir, evidenciando la
poca sujeción a las leyes dominicanas que castigan la práctica del aborto bajo
cualquier circunstancia.
“Obligarme a parir es de una dictadura y eso no puede ser”,
comenta una de ellas, mientras otra expresa que el Estado ni nadie puede
obligarla a tener un bebé.
El aborto por violación o incesto, por deformación del
producto de la concesión que sea incompatible con la vida o en casos de que la
vida de la madre esté en riesgo, completan las tres causales de excepcionalidad
que sectores de la sociedad dominicana demandan despenalizar. Buscan que sea la
mujer, de manera soberana y apegada a su conciencia, quien decida si continúa
con el embarazo en esas condiciones.
La demanda, que encuentra de frente a sectores que ven el
aborto como un crimen, independientemente de las circunstancias, vuelve a hacer
incidencia pública en momentos en que el Congreso Nacional discute la
modificación del Código Penal Dominicano.
Con la experiencia de que las tres causales fueron motivo del
veto presidencial en las últimas ocasiones en que los legisladores llegaron a
aprobar una reforma al Código Penal Dominicano, algunos congresistas se
inclinan por la opción de que la despenalización del aborto en esas
circunstancias se establezca mediante una ley especial, pero esta propuesta
también genera rechazo.
El más reciente plantón lo armaron, desde la noche del jueves
11 de marzo y frente al Palacio Nacional, grupos que demandan aprobar las tres
causales dentro de la ley penal y no en una legislación especial, como proponen
algunos congresistas. Los manifestantes, incluidos funcionarios del Gobierno y
representantes de grupos feministas, incluyen entre sus consignas: “Las tres
causales van, porque en 2020 hubo 290 incestos.
El dato parte de las estadísticas del Ministerio Público que
ese año registró 5,227 delitos sexuales en todo el país, de los que 1,028
fueron violación sexual, más los 290 incestos. En 2019 hubo 1,403 casos de
violación sexual y 436 incestos.
Las estadísticas no detallan en cuántos de esos casos hubo un
embarazo como consecuencia. Sin embargo, algunos casos se conocen en los
medios.
El 6 de noviembre de 2020, la Procuraduría General de la
República informó la prisión preventiva dictada a un hombre que violó y
embarazó a una niña de 10 años de edad, en la provincia Independencia.
Luego, el 18 de diciembre de ese mismo año, informó de la
condena de 20 años a un hombre que violó y embarazó a su hija de 16 años, en
San José de Ocoa. El pasado 23 de febrero comunicó la sentencia, también de 20
años, a un hombre que violó y embarazó a su sobrina de 14 años, en Santo
Domingo Este; y el día 26 otra condena similar contra un hombre que embarazó a
su hijastra en Santiago.
“Una persona violada es una persona agredida y tiene que
tener el derecho a decidir si quiere o no continuar con ese embarazo que no es
su decisión, sino producto de una violación”, indica Lilliam Fondeur, reputada
ginecóloga y directora de la Oficina de Equidad y Género del Ministerio de
Salud Pública, quien aboga por la despenalización de las tres causales.
Desde la otra acera, en contra del aborto en cualquier
circunstancia, Zaida Lagares, abogada y directora ejecutiva de la Fundación
Palabra & Vida, entiende que no se debe ocultar un problema social creando
otro mayor y que la sociedad lo que debe preguntarse es cuándo poner atención a
las causas de esa violación e incesto, tales como la inseguridad, hacinamiento,
pobreza o falta de educación.
La Fundación Palabra & Vida, una organización de la
Iglesia Católica presidida por el obispo de Baní, Victor Masalles, promueve,
entre otras cosas, la defensa de la vida y la familia.
En cuanto al aborto por peligro en la vida de la madre, la
médico Fondeur plantea que la embarazada está expuesta a complicaciones como la
cardiopatía sistémica compleja, descompensada; insuficiencia renal descompensada,
lupus, cáncer, entre otras patologías, cuyo tratamiento en ocasiones tienen que
posponerse, poniendo en riesgo la vida de la mujer.
Pero Lagares considera que cada vez es más “extraña la escena
de cine y telenovela” de escoger entre la madre y su hijo, y que, si durante el
embarazo resultase urgente aplicar un tratamiento que pudiera poner en riesgo
la vida de la criatura (por ejemplo, una quimioterapia), si no hay otra opción,
la madre puede recibirlo, intentando el médico salvar las dos vidas.
“En el lamentable caso de que como consecuencia del
tratamiento falleciera el feto por ser el más débil, esto no sería punible para
el médico ni para la madre, pues no habrá sido un atentado directo hacia la
vida del bebé”, dice.
Destrabar o engañar
El choque de posturas entre Fondeur y Lagares refleja parte
de los debates que por años se han sucedido en el Congreso Nacional y el Poder
Ejecutivo, manteniendo el tranque para que se apruebe la ley penal.
“Si sacamos las tres causales, el Código Penal podemos
analizarlo tranquilo y aprobar (la ley especial) o desaprobarla, en función de
lo que decidan los legisladores”, considera Rubén Maldonado, diputado por el
partido Fuerza del Pueblo y proponente de la ley especial que se conoce
actualmente en el Congreso.
Con la iniciativa, que perimió en el Congreso en 2018 y que
volvió a introducir en la actual legislatura, busca la despenalización de las
tres causales, pero además destrabar la aprobación del Código Penal Dominicano,
dice.
El proyecto de ley especial tiene por objeto “garantizar el
derecho fundamental a la dignidad humana y a la privacidad de la mujer en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, reglamentar las condiciones de la
interrupción voluntaria del embarazo y establecer las obligaciones y
responsabilidades de las entidades públicas que les corresponda intervenir”.
La iniciativa, que como ley orgánica requiere el voto
favorable de dos terceras partes de los legisladores presentes, plantea que el
Estado debe garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en
las condiciones que determine la ley, tales como: que se lleve a cabo por un
médico especialista o bajo su dirección; que se realice en un centro sanitario
público o privado acreditado por el Ministerio de Salud, y que la mujer exprese
su consentimiento por escrito o a través de un representante legal, aunque se
puede prescindir de ese consentimiento en caso de riesgo grave inmediato para
la mujer.
Platea que la interrupción del embarazo por causas médicas
tiene como requisito el diagnostico de un especialista, con anterioridad al
procedimiento y que sea un médico distinto al que practique el aborto. Cuando
sea por violación e incesto, procederá si la víctima o su representante legal
lo ha denunciado dentro de las dos semanas de haber ocurrido la violación y los
profesionales de la salud tienen derecho a la objeción de conciencia. En todos
los casos, se establece un máximo de 12 semanas para que proceda el aborto.
Manifestantes pro vida y pro aborto se concentran frente al
Congreso Nacional
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Maldonado recuerda que el Código Penal tiene más de 100 años
y que su modificación no se ha podido aprobar, pese a que en 1996 el entonces
presidente Leonel Fernández introdujo una propuesta con esos fines al Congreso
Nacional.
El Código Penal vigente data de 1844 y, en sus artículos del
107 al 110, establece penas de uno a dos años de prisión menor para quienes se
practiquen o ayuden a practicar un aborto. Para los profesionales de la salud,
como médicos o enfermeras, esas penas son de cuatro a diez años.
En 2006 el Congreso aprobó un proyecto de modificación del
Código Penal, pero fue vetado por el expresidente Fernández, quien argumentó
que debía incluirse las tres causales como excepción a la penalidad.
Para 2014, los congresistas volvieron a aprobar un proyecto
de Código Penal que también fue vetado por Danilo Medina, presidente en ese
momento, debido a que no se incluyeron las excepciones al aborto.
Actualmente, comisiones especiales de la Cámara de Diputados
y del Senado estudian un nuevo proyecto de Código Penal, que tendría más de 400
artículos y mantiene la penalización al aborto. La semana pasada de la Comisión
de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Alexis Jiménez, rindió un
informe favorable a la modificación del Código, sin incluir las excepciones al
aborto que exacerbó los ánimos de los sectores que reclaman el derecho de la
mujer a decidir.
Imagen que muestra una de las consignas de la protesta frente
al Palacio Nacional, en demanda de la despenalización de las tres causales.
Imagen que muestra una de las consignas de la protesta frente
al Palacio Nacional, en demanda de la despenalización de las tres causales. (
FRANCISCO ARIAS)
“Si se aprueba una ley que lo penaliza (el aborto) para
entonces hacer una ley especial que lo despenaliza en tres causales, pudiendo
inmediatamente dejarlo establecido en la propuesta del Código Penal, ¿no parece
extraño?, sobre todo porque son los mismos actores los que aprobarían esa ley”,
advierte Fátima Lorenzo, de la Comisión de Género del Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (Intec).
Para su colectivo, de lo que se trata es de un engaño a las
mujeres, pues si no hay consenso para que las causales pasen en el Código,
tampoco lo habrá para una ley especial. Señala, como escollo adicional, la jerarquía
legislativa que existe en el país.
“En el marco legislativo, hay una jerarquía normativa que
empieza con la Constitución, los pactos internacionales, las leyes adjetivas
que regulan derechos fundamentales, como el Código Penal. Y, si la ley penal
que es una ley de mayor jerarquía, lo sanciona (el aborto), la ley especial que
se apruebe, en el mejor de los casos, tendría que derogar ese artículo de la
ley penal”, señala Lorenzo, que califica de absurdo lo que plantean algunos
congresistas.
Pero el jurista Ramón Núñez entiende que el país está lleno
de leyes especiales que regulan diversas materias y cuya única limitante es la
que imponga la Constitución. Para el abogado, el que una ley especial para las
causales contradiga al Código Penal ”no es argumento de inconstitucionalidad
recibible”.
“A veces, incluso,
llegan muertas”
Lilliam Fondeur entienden que la penalización del aborto
permite la clandestinidad de un procedimiento que lleva a incrementar la
mortalidad materna en el país, además de vulnerar los derechos de la mujer
sobre su cuerpo y a la salud. Aclara que, con la despenalización de las
causales no se está obligando a nadie a abortar, que lo que se busca es que no
se castigue a quienes así lo decidan en las condiciones ya planteadas.
También recuerda que las excepciones se proponen para
embarazos de hasta doce semanas, cuando médicamente se habla de embrión, no de
feto. “El derecho del producto de la concepción existe si la mujer vive, si la
mujer no vive, el producto de la concepción muere, entonces, no es que una vida
está por encima de la otra, es que una vida depende de la otra. Y no puede ser
al revés. No puede ser que se priorice al producto de la concepción, que de
todas formas va a morir”, cuestiona.
Pero Lagares, que cree que detrás de la despenalización se
mueve un negocio, y que los derechos tienen límites, considera que la
legalización del aborto contrario a ofrecer ´libertad´, crea condiciones de
violencia estructural sobre la mujer para que aborte, que no existirían si el
aborto no fuese legal. “Muchas mujeres terminarán abortando presionadas por un
entorno que solo les ofrece esa ´solución´ a sus problemas”, dice.
Advierte que los derechos tienen límites donde empiezan los
del otro y que las leyes deben proteger al más débil. Duda del impacto de los
abortos clandestinos por la falta de evidencia, “no podemos conocer la
dimensión de lo que se hace clandestinamente”, dice.
Insiste en que una legalización de las causales del aborto
contribuirá a aumentarlos, mientras la penalización los disminuye.
Grupos que rechazan la despenalización del aborto durante una
protesta frente al Congreso Nacional el pasado 20 de febrero de 2021.
Grupos que rechazan la despenalización del aborto durante una
protesta frente al Congreso Nacional el pasado 20 de febrero de 2021. ( DIARIO
LIBRE)
La funcionaria Fondeur no cree que haya incremento o
disminución en función de si es legal o no, pues por experiencia en el campo de
la ginecología sabe que cuando una mujer decide abortar, lo hace
independientemente de su condición legal.
“Entonces, ponen en riesgo su vida y muchas llegan al
hospital con el aborto en curso. Es difícil que un hospital interrumpa un
embarazo, pero ellas llegan con el aborto incompleto, utilizando las técnicas
que puedan, desde medicamentos que son muy costosos, hasta herramientas
rudimentarias. Muchas veces llegan con el útero perforado, con una
septicemia... no tienes idea de cómo llegan, a veces, incluso, llegan muertas”.
El país carece de datos exactos sobre la cantidad de abortos
que se practican a nivel general, pero el Servicio Nacional de Salud registró
en 2019 un total de 15,473, la gran mayoría en la zona metropolitana.
Las cifras solo abarcan los casos de las mujeres que
acudieron a centros de salud pública, sin considerar a los centros privados o
clandestinos. Tampoco se dan detalles sobre las motivaciones que llevaron a los
médicos a realizar dicho procedimiento.
Santo Domingo concentra la mayor cantidad de casos, con
4,654. En esta demarcación está ubicado el centro de salud con más cantidad: el
hospital materno infantil San Lorenzo de Los Mina, donde el año pasado se
realizaron 1,485 abortos, para un 9 % del total.
En segundo lugar está San Cristóbal con 1,486 registros,
seguido de Santiago con 1,090 y el Distrito Nacional con 968.
El Ministerio de Salud Pública, en el documento “Alianza
nacional para acelerar la reducción de la mortalidad materna e infantil”,
plantea que “no obstante la prohibición del aborto, estos se realizan
generalmente en condiciones inseguras; situación que afecta principalmente a
las mujeres en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad social”.
Destaca que la gran mayoría de las muertes maternas continúan
ocurriendo por causas obstétricas directas que oscilaron en un 73 % entre 2013
y 2017, siendo los trastornos hipertensivos, las hemorragias, las sepsis,
complicaciones del aborto y las complicaciones del puerperio las principales
causas dentro de este tipo. A las complicaciones del aborto se atribuye el 9 %
de las muertes maternas ocurridas en 2017.
Se dispara la tasa de
mortalidad materna en República Dominicana
En 2016, un estudio realizado por Profamilia a una muestra de
estudiantes universitarias, encontró que el 23 % de las que dijo haberse
inducido un aborto, tuvo problemas de salud.
En general, el 12.1 % de las universitarias entrevistadas
para el estudio dijo haber tenido algún aborto, un porcentaje que superaba el
9.8 % de incidencia que registró la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)
2013.
De 295 estudiantes que dijeron haber tenido un aborto, 126
afirmaron que, en su caso, se trató de un aborto inducido, y entre los métodoos
más usados fueron la ingesta de medicamentos abortivos como el Citotec (50.8%);
en segundo lugar, reportan las intervenciones en un centro de salud (24.6%) y
en tercer lugar la toma de productos naturales destinados a estos fines en su
propia casa (18.3%)”.
Señala también que el proceso de aborto se inicia
regularmente en la casa de la mujer (61.9%), el 15.1% se da en un centro de
salud desde el principio, y un 11.1% se inicia en la casa y termina en un
centro de salud.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que en
América Latina el número estimado de abortos era de 4.4 millones al 2008, para
una tasa de 32 por cada 1,000. También indicaba que ocurren 3.7 millones de
abortos ocultos y que la mitad corresponde a mujeres de 20 a 29 años y 14 % de
hasta 19 años.
En marzo de 2018, una publicación del Instituto Guttmacher
señalaba que durante 2010-2014, hubo un estimado de 6.5 millones de abortos
inducidos cada año en América Latina y el Caribe.
Según datos de las Naciones Unidas, en la región, solo
República Dominicana, El Salvador y Honduras, penalizan el aborto bajo
cualquier circunstancia. El número sube a cinco a nivel mundial sumando al
Vaticano y Malta.
En El Salvador destaca el caso de Evelyn Hernández, una
estudiante que a sus 18 años fue abusada sexualmente durante meses por un
pandillero. Producto la violación quedó embarazada y luego tuvo un sangrado que
terminaría en un aborto espontáneo, conforme ha narrado la familia a medios
internacionales.
En 2017, la mujer fue condenada a 30 años de prisión por
homicidio agravado en perjuicio de su hijo, aunque en 2019 un juez decidió
absorberla, pero la fiscalía de ese país decidió apelar la decisión, alegando
tener pruebas de que en la casa se encontró una placenta enterrada y de que la
joven sostuvo relaciones sexuales voluntarias. Pedía penas de 40 años de
prisión para la mujer.
En República Dominicana el caso más emblemático fue el de
Rosaura Almonte, conocida como Esperancita, una adolescente de 16 años,
paciente de cáncer y embarazada, que murió en 2012.
De acuerdo con la denuncia de la familia, la joven no recibió
tratamiento a tiempo de quimioterapia, porque se priorizó su embarazo y, en
busca de que se haga justicia, la madre de la joven acudió ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, quien admitió la solicitud de la madre para
que se investigue la muerte de su hija.
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