Pepca solicita juez especial para investigación contra miembros de la Cámara de Cuentas
Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de
la Suprema, Luis Henry Molina, designar un juez para conocer las imputaciones
preliminares contra Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz
Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix
Álvarez Rivera, quienes tienen privilegio de jurisdicción.
Al grupo de funcionarios se le investiga en forma provisional
por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11.
La investigación del Ministerio Público incluye a otros integrantes del
organismo de fiscalización estatal.
El Ministerio Público también sostiene que las actuaciones de
los integrantes de la Cámara de Cuentas configuran delitos como “coalición de
funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores,
complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado
de activos provenientes de actos de corrupción”.
La instancia depositada la tarde del viernes por la Pepca
ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia establece que los
investigados tienen privilegio de jurisdicción amparados en el artículo 154,
numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y
379 del Código Procesal Penal.
Las funciones de juez de la instrucción del proceso deberán
ser cumplidas por un juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de
Justicia, designado especialmente por el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, plantea la Pepca.
La instancia firmada por el procurador adjunto Wilson Camacho
plantea que la Pepca ha enviado varias solicitudes de información a la Cámara
de Cuentas, “las cuales no han sido respondidas, sin ninguna justificación válida,
mas que la de actuar dolosamente para impedir el cumplimiento de las funciones
de Ministerio Público, órgano del sistema de justicia responsable de la
formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”.
Asegura que el Ministerio Público tiene en su poder
evidencias de que los investigados “retienen pruebas que son necesarias para la
investigación, pero están bajo su poder y se niegan a entregarlas”, razón por
la que “continúan obstruyendo la justicia”.
La petición concluye: “Que se designe a un (a) juez de la
Suprema Corte de Justicia para que funja como Juez de la Instrucción Especial
de la Jurisdicción Privilegiada, en la investigación que el Ministerio Público
tiene abierta en contra de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la
República
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